Seguridad Alimentaria y Derecho Internacional: Próximas Prioridades para el Perú
Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI
En el actual contexto de pandemia que afecta a todos los países del mundo, han surgido –como era de esperar- un sinnúmero de debates en torno a los principales temas de agenda política global y nacional. La mayoría de ellos coincide en relievar la atención de los asuntos referidos a salud pública, economía, educación y, por supuesto, alimentación.
Desde el ámbito del Derecho internacional, la alimentación como derecho humano constituye una categoría de protección y promoción de permanente importancia. El individuo es el titular del derecho y el Estado es el sujeto de obligaciones. Y es a través de los instrumentos internacionales, principalmente de carácter vinculante, que se establecen las obligaciones jurídicas a los Estados que los ratifican. Así, a nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ratificado por el Perú en 1978), reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y la obligación del Estado de adoptar medidas dirigidas a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; y el aseguramiento de una distribución equitativa de los mismos en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países importadores como exportadores. En la misma línea, se ubican las siguientes convenciones: la Convención sobre los derechos del niño (1989), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).
Por su parte, la Observación General Número 12 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.
De igual manera, en el plano interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» vigente desde 1999, y del cual el Perú es Estado Parte, reconoce el derecho a una nutrición adecuada y la obligación del Estado de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos.
Las disposiciones anteriores se recogen en las políticas nacionales de los Estados dentro una categoría de especial importancia referida a la denominada seguridad alimentaria que, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se evidencia “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa” (http://www.fao.org/). Todo lo anterior, presupone la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad del suministro de los alimentos.
Siendo, entonces, uno de los compromisos primarios del Estado en materia de alimentación el establecer mecanismos para la producción, distribución y acceso de alimentos, de manera adecuada, ¿qué estrategias presenta el Estado peruano para hacer frente al problema de la seguridad alimentaria en tiempos de crisis sanitaria e impacto económico negativo?
Son diversos los planteamientos que, a nivel del Estado, han implementado los compromisos internacionales arriba descritos, como el Acuerdo Nacional (2002), la Carta de Política Social, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (DS Nº 002-2003-PCM), la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, etc. Además, en estos planteamientos, ha habido una participación multisectorial a través de diversos Ministerios y demás órganos públicos. Sin embargo, el panorama alimentario actual no nos permite proyectar un escenario adecuado para lograr los objetivos planteados como, por ejemplo, la reducción del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del 0,23 en el 2012 al 0,18 en el 2021.
Si bien el foco de atención por parte del gobierno está centrado en asegurar una reactivación económica que mantenga un equilibrio fiscal relativo, es importante que dicha reactivación también esté dirigida a fortalecer la organización de los productores agrícolas con prioridad en la pequeña agricultura familiar que es la que provee de alimentos a las grandes ciudades. Este fortalecimiento podría producirse a través de financiamientos o créditos mejor planificados, ampliar la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura (de alimentos de consumo directo), invertir en investigación y desarrollo agrícola (principalmente de tipo orgánico), en infraestructura vial que permita una mejor conexión entre las zonas rurales de producción y las de comercialización y consumo; y, evidentemente, mejorar y corregir el uso del agua, ya que sin agua salubre no podemos mantener los estándares mínimos de prevención de pandemias y mucho menos de alimentación adecuada.
Una de las preocupaciones actuales es la pretendida expedición del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) para el Sector Agrario. Es de vital importancia anotar que este Reglamento contraviene claramente la Ley N° 29811, Ley de Moratoria sobre uso de OVM en el sector agrario. Con su expedición, podría afectarse muy seriamente la diversidad originaria y de calidad de los productos agrícolas del Perú.
En términos generales, hoy en el mundo sobran alimentos frente a una baja en la demanda; se observa un aumento en las políticas proteccionistas respecto de los alimentos de exportación con cuotas hacia la venta internacional; las cadenas de suministros (operadores y tiempo) empiezan a decaer. Por todo ello, el Perú debe afianzar el aseguramiento de la continuidad de la producción agrícola para los próximos años, ya que de lo contrario podría enfrentar escasez en su mega diversidad alimentaria. Este es, pues, un reto para el nuevo gobierno (ejecutivo y legislativo) que tendremos que elegir en el contexto de la “celebración” por el bicentenario de nuestra independencia.
*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.
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