Category: Daniela Malapi

Promoción de la democracia desde el derecho internacional

septiembre 19, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Es coyuntural que el 15 de setiembre celebremos el día internacional de la Democracia, en un tiempo en que a nivel mundial muchos Estados han recurrido a mecanismos de excepción para hacer frente a los desafíos que ha puesto sobre la agenda política la actual situación de pandemia. El haberse restringido diversos derechos como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, asimismo, el haber tenido que afrontar la educación desde otra perspectiva, ejercer el derecho al trabajo asumiendo nuevas dinámicas, y evidenciar el ejercicio político desde los poderes constituidos del Estado para contextualizar la gobernabilidad en favor de la ciudadanía en un especial contexto como el que vivimos, nos hace reflexionar sobre este concepto y sus implicancias reales.

En el marco jurídico internacional podemos encontrar diferentes expresiones normativas que disponen, en un afán de promoción y fortalecimiento de la democracia, diversas obligaciones y compromisos por parte de los Estados para sintonizar los ideales internos con los que inspiran el derecho internacional; en primer término la Carta de las Naciones Unidas, que si bien no hace referencia explícita a la democracia como concepto político-normativo, sin embargo, su preámbulo inicia con la expresión “Nosotros los Pueblos”, cuyo significado es sin duda contenido esencial del referido término, ya que del pueblo nace la legitimidad del Estado, y por ende, también de dicha Organización en general.

De la misma manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948,  expresa a lo largo de su articulado diversos principios básicos que refuerzan la idea de la democracia como forma de gobierno coherente con la defensa y protección de los derechos humanos, así en su artículo 27 señala que: “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del que el Perú es Parte desde 1976, documento jurídico vinculante que consagra entre diversos derechos, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, el derecho de participar en los asuntos públicos, el derecho al voto, a ser elegido mediante mecanismos de sufragio universal, etc.

En el plano regional, la Carta de la OEA, de la cual el Perú es Parte desde 1952, marca una diferencia respecto de los principios fundantes de la ONU, ya que adicionalmente a estar cimentados en la paz y seguridad, en este caso hemisféricas, el respecto de los derechos humanos, también se basa en la defensa de la democracia; así, por ejemplo, en el artículo 2 relativo a los propósitos esenciales dispone que la organización tiene como fin “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;” y en su artículo 3 referido a los principios de la organización se señala: “La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

Un documento de especial relevancia es la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima en 2001, este instrumento constituye un esfuerzo desde América Latina para reconfirmar los ideales aspiracionales de todos los pueblos de la región, de configurar de una vez por todas y a través de mecanismos concretos la defensa de la democracia como ruta de navegación para lograr espacios de convivencia en igualdad de condiciones entre todos quienes forman parte del Estado, y también del continente. Y en ese sentido es menester señalar lo que dispone el artículo 4 de la Carta: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”; esto quiere decir que el diálogo entre los órganos del Estado y la sociedad deben ser claros, asertivos y encaminados a actuar positivamente en atención a las necesidades individuales y colectivas de la población.

En este espacio, recuerdo un par de respuestas a una misma pregunta formulada a dos brillantes profesionales en dos tiempos distintos. La pregunta fue ¿cuál era la fórmula, desde su perspectiva, para que la democracia en América Latina, alcance un estándar que permita a los pueblos y gobiernos de la región mantenerla en vigencia y que los mecanismos de representación gocen de legitimidad por parte de la ciudadanía? Una de la respuestas fue compartida por el profesor Gerardo Caetano, docente e investigador en la Universidad de la República (Uruguay) en el contexto del IX Congreso de Relaciones Internacionales realizado en la Universidad de La Plata (Argentina) en 2018, y estableció de manera clara y concreta que, desde la experiencia uruguaya la fórmula para el mantenimiento de la democracia gira en torno a tres pilares fundamentales: la separación de poderes, la existencia [y fortalecimiento] de partidos políticos y el estado laico. De otro lado, el Embajador Guillermo Cochez, ex representante de Panamá ante la OEA, en una sesión que sostuvimos en el Colegio de Abogados de Panamá, en 2019, señaló que, adicionalmente a las tres premisas antes referidas, él añadiría una que su juicio resulta importante e impostergable, la participación ciudadana.

Es de verse entonces que, para que la democracia, como forma de gobierno que aspiramos mantener, contra todo intento de soterrarla, de darle sentidos diversos muy alejados de lo que realmente constituye, alcance de manera permanente un nivel de progresividad y por qué no decirlo de actualidad respecto de los tiempos que debemos enfrentar, es incondicional que se fortaleza la institucionalidad y legitimidad representativa del Estado; a través, de los mencionados mecanismos de representación adecuadamente estructurados y decentemente integrados.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Protección regional de la Amazonía y la participación del Perú en la OTCA

agosto 11, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Desde la perspectiva política, ecológica, económica y cultural, la Amazonía es núcleo vivo de diversidad biológica, de recursos naturales y energéticos. Mirado desde otra perspectiva, es un espacio invaluable de freno a las consecuencias del cambio climático, ya que absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono (razón por la que, en repetidas veces, la llaman “el pulmón del planeta”). Desde el lado social, siempre fue cuna de comunidades nativas e indígenas, cuyo valor y riqueza ancestral hace que los países que la sustentan soberanamente gocen de una pluralidad de lenguas, costumbres y saberes, pero, al mismo tiempo, por su riqueza, ha sido y es foco de conflictos socioambientales, de afectación por actividades delictivas de gran escala y de diversos tipos (narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, entre otras actividades).

Son ocho Estados los que tienen acceso soberano en la Amazonía en la región: Brasil, como el país con mayor territorio amazónico, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam. Todos ellos son Estados Parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) creada en 1995, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo internacional nacido del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) suscrito el 3 de julio de 1978 y ratificado por el Perú el 27 de agosto de 1979.

Los objetivos de este organismo internacional están dirigidos a promover los fines del tratado. Estos buscan el desarrollo sostenible integrado de la cuenca a través de la cooperación política y técnica. De manera más precisa, se quiere lograr un impacto en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes promoviendo la investigación científica, la protección de la navegación en sus ríos, la utilización racional de los recursos naturales, etc.

Todos estos objetivos buscan alcanzarse a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países que conforman la cuenca. Así, por ejemplo, el Perú y Brasil han suscrito varios acuerdos: el Tratado de Amistad y Cooperación de 1979, en el que se prioriza el cumplimiento de los compromisos que asuman ambos países en referencia a la región amazónica; la Declaración de Río Branco de 1987, cuyo propósito fue dinamizar la cooperación fronteriza en la región amazónica; o el Acuerdo sobre Zona de Integración Fronteriza Perú–Brasil (ZIF) de 2009, que entre varios factores busca promover los procesos de integración en la zona fronteriza binacional desde el ámbito comercial, de infraestructura, ambiental y de desarrollo productivo.

Las instancias de la organización son la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, como máxima instancia; el Consejo de Cooperación Amazónica; la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica; y las Comisiones Nacionales Permanentes. A nivel interno, la Comisión Nacional Permanente Peruana está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por 26 instituciones, entre ellas doce Ministerios, PROINVERSIÓN, PROMPERÚ, CONCYTEC, ANA, SERFOR, etc. Parte de la labor de dicha comisión está orientada al monitoreo del control o la prevención de la deforestación, la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros.

Vemos que a nivel país, el Perú responde estructuralmente a los compromisos asumidos y surgidos en el Tratado de Cooperación Amazónica, pero es evidente que política y económicamente no necesariamente cumple con sus obligaciones en esta parte del territorio. Basta revisar cifras. “Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó con 50 mil hectáreas de bosques en los últimos años”, de acuerdo a informes de MINAM. “Más de 120,000 hectáreas de bosques desaparecen en la Amazonía peruana cada año” señala Gestión. “De 2001 a 2019, Perú perdió 3.12M ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 4.0% de la cobertura arbórea desde 2000, y al 1.48 Gt de las emisiones de CO₂” indica Globalforestwatch. Hasta este año 2020, el Perú ha perdido alrededor del 8% de su bosque original informa BBC.

Brasil es el Estado líder en la OTCA, de hecho, ostenta su sede. Pero, también es evidente que, si se mantiene la actual política de gobierno respecto de la protección de la Amazonía, las cifras de mejora no serán muy alentadoras, a nivel de protección y cooperación. Parte de la respuesta del Perú, en este contexto debería ser ratificar el Acuerdo de Escazú como mecanismo jurídico clave en la defensa del medio ambiente, por tanto, de la cuenca amazónica y sus protectores primarios.

 

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Seguridad Alimentaria y Derecho Internacional: Próximas Prioridades para el Perú

julio 13, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

En el actual contexto de pandemia que afecta a todos los países del mundo, han surgido –como era de esperar- un sinnúmero de debates en torno a los principales temas de agenda política global y nacional. La mayoría de ellos coincide en relievar la atención de los asuntos referidos a salud pública, economía, educación y, por supuesto, alimentación.

Desde el ámbito del Derecho internacional, la alimentación como derecho humano constituye una categoría de protección y promoción de permanente importancia. El individuo es el titular del derecho y el Estado es el sujeto de obligaciones. Y es a través de los instrumentos internacionales, principalmente de carácter vinculante, que se establecen las obligaciones jurídicas a los Estados que los ratifican. Así, a nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ratificado por el Perú en 1978), reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y la obligación del Estado de adoptar medidas dirigidas a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; y el aseguramiento de una distribución equitativa de los mismos en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países importadores como exportadores. En la misma línea, se ubican las siguientes convenciones: la Convención sobre los derechos del niño (1989), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

Por su parte, la Observación General Número 12 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

De igual manera, en el plano interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» vigente desde 1999, y del cual el Perú es Estado Parte, reconoce el derecho a una nutrición adecuada y la obligación del Estado de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos.

Las disposiciones anteriores se recogen en las políticas nacionales de los Estados dentro una categoría de especial importancia referida a la denominada seguridad alimentaria que, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se evidencia “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa” (http://www.fao.org/). Todo lo anterior, presupone la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad del suministro de los alimentos.

Siendo, entonces, uno de los compromisos primarios del Estado en materia de alimentación el establecer mecanismos para la producción, distribución y acceso de alimentos, de manera adecuada, ¿qué estrategias presenta el Estado peruano para hacer frente al problema de la seguridad alimentaria en tiempos de crisis sanitaria e impacto económico negativo?

Son diversos los planteamientos que, a nivel del Estado, han implementado los compromisos internacionales arriba descritos, como el Acuerdo Nacional (2002), la Carta de Política Social, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (DS Nº 002-2003-PCM), la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, etc. Además, en estos planteamientos, ha habido una participación multisectorial a través de diversos Ministerios y demás órganos públicos. Sin embargo, el panorama alimentario actual no nos permite proyectar un escenario adecuado para lograr los objetivos planteados como, por ejemplo, la reducción del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del 0,23 en el 2012 al 0,18 en el 2021.

Si bien el foco de atención por parte del gobierno está centrado en asegurar una reactivación económica que mantenga un equilibrio fiscal relativo, es importante que dicha reactivación también esté dirigida a fortalecer la organización de los productores agrícolas con prioridad en la pequeña agricultura familiar que es la que provee de alimentos a las grandes ciudades. Este fortalecimiento podría producirse a través de financiamientos o créditos mejor planificados, ampliar la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura (de alimentos de consumo directo), invertir en investigación y desarrollo agrícola (principalmente de tipo orgánico), en infraestructura vial que permita una mejor conexión entre las zonas rurales de producción y las de comercialización y consumo; y, evidentemente, mejorar y corregir el uso del agua, ya que sin agua salubre no podemos mantener los estándares mínimos de prevención de pandemias y mucho menos de alimentación adecuada.

Una de las preocupaciones actuales es la pretendida expedición del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) para el Sector Agrario. Es de vital importancia anotar que este Reglamento contraviene claramente la Ley N° 29811, Ley de Moratoria sobre uso de OVM en el sector agrario. Con su expedición, podría afectarse muy seriamente la diversidad originaria y de calidad de los productos agrícolas del Perú.

En términos generales, hoy en el mundo sobran alimentos frente a una baja en la demanda; se observa un aumento en las políticas proteccionistas respecto de los alimentos de exportación con cuotas hacia la venta internacional; las cadenas de suministros (operadores y tiempo) empiezan a decaer. Por todo ello, el Perú debe afianzar el aseguramiento de la continuidad de la producción agrícola para los próximos años, ya que de lo contrario podría enfrentar escasez en su mega diversidad alimentaria. Este es, pues, un reto para el nuevo gobierno (ejecutivo y legislativo) que tendremos que elegir en el contexto de la “celebración” por el bicentenario de nuestra independencia.

 

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.