Category: Derechos humanos

Promoción de la democracia desde el derecho internacional

septiembre 19, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Es coyuntural que el 15 de setiembre celebremos el día internacional de la Democracia, en un tiempo en que a nivel mundial muchos Estados han recurrido a mecanismos de excepción para hacer frente a los desafíos que ha puesto sobre la agenda política la actual situación de pandemia. El haberse restringido diversos derechos como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, asimismo, el haber tenido que afrontar la educación desde otra perspectiva, ejercer el derecho al trabajo asumiendo nuevas dinámicas, y evidenciar el ejercicio político desde los poderes constituidos del Estado para contextualizar la gobernabilidad en favor de la ciudadanía en un especial contexto como el que vivimos, nos hace reflexionar sobre este concepto y sus implicancias reales.

En el marco jurídico internacional podemos encontrar diferentes expresiones normativas que disponen, en un afán de promoción y fortalecimiento de la democracia, diversas obligaciones y compromisos por parte de los Estados para sintonizar los ideales internos con los que inspiran el derecho internacional; en primer término la Carta de las Naciones Unidas, que si bien no hace referencia explícita a la democracia como concepto político-normativo, sin embargo, su preámbulo inicia con la expresión “Nosotros los Pueblos”, cuyo significado es sin duda contenido esencial del referido término, ya que del pueblo nace la legitimidad del Estado, y por ende, también de dicha Organización en general.

De la misma manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948,  expresa a lo largo de su articulado diversos principios básicos que refuerzan la idea de la democracia como forma de gobierno coherente con la defensa y protección de los derechos humanos, así en su artículo 27 señala que: “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del que el Perú es Parte desde 1976, documento jurídico vinculante que consagra entre diversos derechos, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, el derecho de participar en los asuntos públicos, el derecho al voto, a ser elegido mediante mecanismos de sufragio universal, etc.

En el plano regional, la Carta de la OEA, de la cual el Perú es Parte desde 1952, marca una diferencia respecto de los principios fundantes de la ONU, ya que adicionalmente a estar cimentados en la paz y seguridad, en este caso hemisféricas, el respecto de los derechos humanos, también se basa en la defensa de la democracia; así, por ejemplo, en el artículo 2 relativo a los propósitos esenciales dispone que la organización tiene como fin “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;” y en su artículo 3 referido a los principios de la organización se señala: “La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

Un documento de especial relevancia es la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima en 2001, este instrumento constituye un esfuerzo desde América Latina para reconfirmar los ideales aspiracionales de todos los pueblos de la región, de configurar de una vez por todas y a través de mecanismos concretos la defensa de la democracia como ruta de navegación para lograr espacios de convivencia en igualdad de condiciones entre todos quienes forman parte del Estado, y también del continente. Y en ese sentido es menester señalar lo que dispone el artículo 4 de la Carta: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”; esto quiere decir que el diálogo entre los órganos del Estado y la sociedad deben ser claros, asertivos y encaminados a actuar positivamente en atención a las necesidades individuales y colectivas de la población.

En este espacio, recuerdo un par de respuestas a una misma pregunta formulada a dos brillantes profesionales en dos tiempos distintos. La pregunta fue ¿cuál era la fórmula, desde su perspectiva, para que la democracia en América Latina, alcance un estándar que permita a los pueblos y gobiernos de la región mantenerla en vigencia y que los mecanismos de representación gocen de legitimidad por parte de la ciudadanía? Una de la respuestas fue compartida por el profesor Gerardo Caetano, docente e investigador en la Universidad de la República (Uruguay) en el contexto del IX Congreso de Relaciones Internacionales realizado en la Universidad de La Plata (Argentina) en 2018, y estableció de manera clara y concreta que, desde la experiencia uruguaya la fórmula para el mantenimiento de la democracia gira en torno a tres pilares fundamentales: la separación de poderes, la existencia [y fortalecimiento] de partidos políticos y el estado laico. De otro lado, el Embajador Guillermo Cochez, ex representante de Panamá ante la OEA, en una sesión que sostuvimos en el Colegio de Abogados de Panamá, en 2019, señaló que, adicionalmente a las tres premisas antes referidas, él añadiría una que su juicio resulta importante e impostergable, la participación ciudadana.

Es de verse entonces que, para que la democracia, como forma de gobierno que aspiramos mantener, contra todo intento de soterrarla, de darle sentidos diversos muy alejados de lo que realmente constituye, alcance de manera permanente un nivel de progresividad y por qué no decirlo de actualidad respecto de los tiempos que debemos enfrentar, es incondicional que se fortaleza la institucionalidad y legitimidad representativa del Estado; a través, de los mencionados mecanismos de representación adecuadamente estructurados y decentemente integrados.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

La solidaridad como obligación

septiembre 6, 2020

Por Luciana Cumpa García Naranjo
Directora Ejecutiva del IPPDI. Profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.

En la serie documental “Bebés” de Netflix, el profesor asociado de Psicología, Felix Warneken, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), se propuso estudiar el estado inicial de los comportamientos cooperativos en los niños. Él se preguntaba si el altruismo era una conducta innata o aprendida. Para ello, realizó una serie de experimentos, siendo el más ilustrativo aquel que consistía en dejar jugar a un niño -de aproximadamente dos años- en una piscina de pelotas al lado de un adulto. Este último dejaría caer intencionalmente un vaso de plástico y simularía dificultad para recogerlo con el fin de observar si el niño sería capaz de abandonar su entretenimiento por ayudarlo. La respuesta fue abrumadora: los niños dejaban a un lado su diversión para ser solidarios con el adulto. En palabras del profesor Warneken, estos resultados cuestionaban la creencia generalizada de que los niños nacen egoístas, y que por el contrario, estos llegan al mundo motivados para ayudar a los demás.

Si examinamos la historia podemos observar que la cooperación y solidaridad se han manifestado en las diversas sociedades y en sus sistemas económicos. De hecho, el ejemplo más cercano es la reciprocidad en el mundo andino. Sin el ayni y la minka, difícilmente nuestros ancestros habrían sido capaces de subsistir en una geografía tan adversa y aprovechar al máximo la gran variedad de productos alimenticios que ofrecen los diferentes ecosistemas en el territorio peruano[1].

Por otra parte, en el mundo occidental, la fraternidad (entendida hoy como solidaridad), fue uno de los pilares de la revolución francesa junto a la libertad e igualdad, lo que inspiraría con posterioridad la creación de sistemas de servicios públicos de salud y educación en la Europa Moderna.

La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas concibe la solidaridad como: “Una comunión de responsabilidades e intereses entre individuos, grupos, naciones y Estados y, en ocasiones, aparece vinculada a la idea de fraternidad proclamada por la Revolución Francesa. La noción de solidaridad… se corresponde con la noción de cooperación, ya que sólo se coopera en un acto de solidaridad.”[2]

En coherencia con ello, la cooperación y solidaridad están contempladas en el derecho internacional como una responsabilidad y obligación compartida. El artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas señala como propósitos de la organización: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales”. Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia en su artículo 1:  “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Si bien la Declaración nació sin fuerza vinculante, esta devino en obligatoria gracias a la práctica de los Estados, de manera que el referido artículo expresa la obligación de actuar solidariamente.

A nivel normativo interno, la solidaridad también es considerada un principio orientador de normas como la Ley 26790 sobre Modernización de la Seguridad Social en Salud (Essalud), en cuyo artículo 1 dispone que este sistema se desarrolla en un marco de  equidad y solidaridad.

Podemos afirmar entonces que la solidaridad es una característica innata del ser humano y fundamental para su subsistencia. Las acciones cooperativas han sido un rasgo permanente de la organización social de la humanidad. Por eso, en un contexto de pandemia, es indispensable recordar la trascendencia de la solidaridad como un principio que debe guiar las decisiones individuales y colectivas para vencer al Covid-19 y sus consecuencias económicas. Es necesario dejar a un lado la mirada romántica e idílica de la solidaridad para reconocerla como una obligación cuya puesta en práctica contribuirá a la superación de la crisis.

[1] PEASE, F. (1992). Perú, Hombre e Historia. Entre el siglo XVI y el XVIII. Lima: Ediciones Edubanco. pp. 15-16.

[2] CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (2004). Los derechos humanos y la solidaridad internacional. E/CN.4/Sub.2/2004/43. p. 7.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

El cuidado de la infancia en tiempos de pandemia

agosto 18, 2020

Por Luciana Cumpa García Naranjo
Directora Ejecutiva del IPPDI. Profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.

Cada tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño en el Perú, fecha en la que se promueve el derecho de la infancia al desarrollo de su personalidad de forma plena y a crecer en el seno de la familia rodeado de amor y comprensión. Esta conmemoración tiene su origen en una serie de instrumentos internacionales como la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño de 1924, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 836 (IX) de 1954 sobre Día Universal del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Este documento de carácter vinculante significó el reconocimiento internacional de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, al tiempo que marcó un hito al introducir un cambio en la política pública dirigida a la infancia – tradicionalmente orientada a atender sólo situaciones de “irregularidad” como por ejemplo, a aquellos infantes en situación de abandono- y dispuso un viraje hacia un enfoque de protección integral, vale decir, la ejecución de políticas orientadas a alcanzar el bienestar de la niñez en todo momento y en sus múltiples dimensiones como la salud, educación, alimentación, crianza en el seno familiar, etc [1].

Siguiendo dicho objetivo, la CDN contempló la creación de un Comité de los Derechos del Niño conformado por expertos que tienen como una de sus tareas emitir Observaciones Generales sobre diversos asuntos a fin de orientar la aplicación de la Convención por parte de los Estados.

La Observación General No. 16: la compatibilidad entre el trabajo de los padres y el cuidado infantil

En el 2013, el Comité de los Derechos del Niño emitió la Observación General No. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño [2]. En el párrafo 35 de este análisis se señala que: “…los padres o los cuidadores que trabajan en el sector no estructurado de la economía a menudo tienen que trabajar largas jornadas para obtener unos ingresos que les permitan subsistir, lo cual limita gravemente sus posibilidades de ejercer las responsabilidades parentales o atender a los niños a su cargo.” Mientras que en el párrafo 36 indica que: “Los Estados deben aplicar medidas para garantizar que las actividades empresariales se desarrollen siempre dentro de los debidos marcos jurídicos e institucionales, independientemente de su magnitud o del sector de la economía, de manera que los derechos del niño puedan ser claramente reconocidos y protegidos.”

La crisis de los cuidados

La crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19 ha impactado negativamente en los cuidados y atenciones que se brindan a los niños, niñas y adolescentes, tanto entre aquellos padres o cuidadores que han caído en el desempleo, o trabajan precarizadamente como entre los que tienen el privilegio de realizar teletrabajo. Mientras que los primeros, luchan por subsistir y proveer a sus familias, los segundos deben cumplir jornadas interminables, sin descansos, sin tiempos para realizar el trabajo doméstico necesario en el hogar y sobretodo, el cuidado de sus hijos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe [3], esta emergencia sanitaria ha evidenciado “la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región”, y a continuación indica: “El trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización de tareas de apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimientos y valores y el acompañamiento a las personas para garantizar su bienestar.”

Si bien en este reporte, la CEPAL hace énfasis en la desigualdad de género y la excesiva carga de cuidados en las mujeres, puede desprenderse también que el trabajo de cuidado resulta fundamental cuando es dirigido hacia la niñez y adolescencia. En consecuencia, para superar la crisis, no sólo serán necesarias medidas económicas de carácter extraordinario sino también políticas que tomen en cuenta la protección integral de la infancia y la necesidad de hacer conciliar la actividad laboral de los padres o tutores con el trabajo de cuidado que ejercen hacia los niños, niñas y adolescentes en sus hogares.

 

[1] Una consecuencia de la ratificación de la CDN por parte del Perú fue la aprobación del Código del Niño y Adolescente en el año 1992 que recogía el enfoque de la protección integral de la infancia en reemplazo del cuerpo legal anterior llamado Código de Menores.

[2] Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. (2013). Observación general No. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. CRC/C/GC/16. p. 11.

[3] Naciones Unidas. CEPAL. (abril 2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. p. 1.

 

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Protección regional de la Amazonía y la participación del Perú en la OTCA

agosto 11, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Desde la perspectiva política, ecológica, económica y cultural, la Amazonía es núcleo vivo de diversidad biológica, de recursos naturales y energéticos. Mirado desde otra perspectiva, es un espacio invaluable de freno a las consecuencias del cambio climático, ya que absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono (razón por la que, en repetidas veces, la llaman “el pulmón del planeta”). Desde el lado social, siempre fue cuna de comunidades nativas e indígenas, cuyo valor y riqueza ancestral hace que los países que la sustentan soberanamente gocen de una pluralidad de lenguas, costumbres y saberes, pero, al mismo tiempo, por su riqueza, ha sido y es foco de conflictos socioambientales, de afectación por actividades delictivas de gran escala y de diversos tipos (narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, entre otras actividades).

Son ocho Estados los que tienen acceso soberano en la Amazonía en la región: Brasil, como el país con mayor territorio amazónico, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam. Todos ellos son Estados Parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) creada en 1995, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo internacional nacido del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) suscrito el 3 de julio de 1978 y ratificado por el Perú el 27 de agosto de 1979.

Los objetivos de este organismo internacional están dirigidos a promover los fines del tratado. Estos buscan el desarrollo sostenible integrado de la cuenca a través de la cooperación política y técnica. De manera más precisa, se quiere lograr un impacto en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes promoviendo la investigación científica, la protección de la navegación en sus ríos, la utilización racional de los recursos naturales, etc.

Todos estos objetivos buscan alcanzarse a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países que conforman la cuenca. Así, por ejemplo, el Perú y Brasil han suscrito varios acuerdos: el Tratado de Amistad y Cooperación de 1979, en el que se prioriza el cumplimiento de los compromisos que asuman ambos países en referencia a la región amazónica; la Declaración de Río Branco de 1987, cuyo propósito fue dinamizar la cooperación fronteriza en la región amazónica; o el Acuerdo sobre Zona de Integración Fronteriza Perú–Brasil (ZIF) de 2009, que entre varios factores busca promover los procesos de integración en la zona fronteriza binacional desde el ámbito comercial, de infraestructura, ambiental y de desarrollo productivo.

Las instancias de la organización son la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, como máxima instancia; el Consejo de Cooperación Amazónica; la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica; y las Comisiones Nacionales Permanentes. A nivel interno, la Comisión Nacional Permanente Peruana está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por 26 instituciones, entre ellas doce Ministerios, PROINVERSIÓN, PROMPERÚ, CONCYTEC, ANA, SERFOR, etc. Parte de la labor de dicha comisión está orientada al monitoreo del control o la prevención de la deforestación, la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros.

Vemos que a nivel país, el Perú responde estructuralmente a los compromisos asumidos y surgidos en el Tratado de Cooperación Amazónica, pero es evidente que política y económicamente no necesariamente cumple con sus obligaciones en esta parte del territorio. Basta revisar cifras. “Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó con 50 mil hectáreas de bosques en los últimos años”, de acuerdo a informes de MINAM. “Más de 120,000 hectáreas de bosques desaparecen en la Amazonía peruana cada año” señala Gestión. “De 2001 a 2019, Perú perdió 3.12M ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 4.0% de la cobertura arbórea desde 2000, y al 1.48 Gt de las emisiones de CO₂” indica Globalforestwatch. Hasta este año 2020, el Perú ha perdido alrededor del 8% de su bosque original informa BBC.

Brasil es el Estado líder en la OTCA, de hecho, ostenta su sede. Pero, también es evidente que, si se mantiene la actual política de gobierno respecto de la protección de la Amazonía, las cifras de mejora no serán muy alentadoras, a nivel de protección y cooperación. Parte de la respuesta del Perú, en este contexto debería ser ratificar el Acuerdo de Escazú como mecanismo jurídico clave en la defensa del medio ambiente, por tanto, de la cuenca amazónica y sus protectores primarios.

 

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Seguridad Alimentaria y Derecho Internacional: Próximas Prioridades para el Perú

julio 13, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

En el actual contexto de pandemia que afecta a todos los países del mundo, han surgido –como era de esperar- un sinnúmero de debates en torno a los principales temas de agenda política global y nacional. La mayoría de ellos coincide en relievar la atención de los asuntos referidos a salud pública, economía, educación y, por supuesto, alimentación.

Desde el ámbito del Derecho internacional, la alimentación como derecho humano constituye una categoría de protección y promoción de permanente importancia. El individuo es el titular del derecho y el Estado es el sujeto de obligaciones. Y es a través de los instrumentos internacionales, principalmente de carácter vinculante, que se establecen las obligaciones jurídicas a los Estados que los ratifican. Así, a nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ratificado por el Perú en 1978), reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y la obligación del Estado de adoptar medidas dirigidas a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; y el aseguramiento de una distribución equitativa de los mismos en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países importadores como exportadores. En la misma línea, se ubican las siguientes convenciones: la Convención sobre los derechos del niño (1989), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

Por su parte, la Observación General Número 12 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

De igual manera, en el plano interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» vigente desde 1999, y del cual el Perú es Estado Parte, reconoce el derecho a una nutrición adecuada y la obligación del Estado de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos.

Las disposiciones anteriores se recogen en las políticas nacionales de los Estados dentro una categoría de especial importancia referida a la denominada seguridad alimentaria que, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se evidencia “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa” (http://www.fao.org/). Todo lo anterior, presupone la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad del suministro de los alimentos.

Siendo, entonces, uno de los compromisos primarios del Estado en materia de alimentación el establecer mecanismos para la producción, distribución y acceso de alimentos, de manera adecuada, ¿qué estrategias presenta el Estado peruano para hacer frente al problema de la seguridad alimentaria en tiempos de crisis sanitaria e impacto económico negativo?

Son diversos los planteamientos que, a nivel del Estado, han implementado los compromisos internacionales arriba descritos, como el Acuerdo Nacional (2002), la Carta de Política Social, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (DS Nº 002-2003-PCM), la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, etc. Además, en estos planteamientos, ha habido una participación multisectorial a través de diversos Ministerios y demás órganos públicos. Sin embargo, el panorama alimentario actual no nos permite proyectar un escenario adecuado para lograr los objetivos planteados como, por ejemplo, la reducción del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del 0,23 en el 2012 al 0,18 en el 2021.

Si bien el foco de atención por parte del gobierno está centrado en asegurar una reactivación económica que mantenga un equilibrio fiscal relativo, es importante que dicha reactivación también esté dirigida a fortalecer la organización de los productores agrícolas con prioridad en la pequeña agricultura familiar que es la que provee de alimentos a las grandes ciudades. Este fortalecimiento podría producirse a través de financiamientos o créditos mejor planificados, ampliar la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura (de alimentos de consumo directo), invertir en investigación y desarrollo agrícola (principalmente de tipo orgánico), en infraestructura vial que permita una mejor conexión entre las zonas rurales de producción y las de comercialización y consumo; y, evidentemente, mejorar y corregir el uso del agua, ya que sin agua salubre no podemos mantener los estándares mínimos de prevención de pandemias y mucho menos de alimentación adecuada.

Una de las preocupaciones actuales es la pretendida expedición del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) para el Sector Agrario. Es de vital importancia anotar que este Reglamento contraviene claramente la Ley N° 29811, Ley de Moratoria sobre uso de OVM en el sector agrario. Con su expedición, podría afectarse muy seriamente la diversidad originaria y de calidad de los productos agrícolas del Perú.

En términos generales, hoy en el mundo sobran alimentos frente a una baja en la demanda; se observa un aumento en las políticas proteccionistas respecto de los alimentos de exportación con cuotas hacia la venta internacional; las cadenas de suministros (operadores y tiempo) empiezan a decaer. Por todo ello, el Perú debe afianzar el aseguramiento de la continuidad de la producción agrícola para los próximos años, ya que de lo contrario podría enfrentar escasez en su mega diversidad alimentaria. Este es, pues, un reto para el nuevo gobierno (ejecutivo y legislativo) que tendremos que elegir en el contexto de la “celebración” por el bicentenario de nuestra independencia.

 

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.