La Regla de las Tres Millas y el Inicio del Colapso del Viejo Orden del Mar

febrero 10, 2021

Por Gian Pierre Campos Maza

Miembro del IPPDI. Diplomático peruano y profesor universitario. Graduado del Programa de especialización en Derecho del Mar de Naciones Unidas – Nippon Fundation-Centro Nacional Oceanográfico de la Universidad de Southampton, Reino Unido (2012) y de Rhodes Academy-Center of Ocean Law and Policy, Rhodes, Grecia (2013).

¿En qué momento surgió la idea de una franja marítima adyacente a la costa de un Estado? ¿Cuál fue la naturaleza y anchura concebida para dicho nuevo espacio? ¿Se adoptó mayoritariamente un criterio sobre la distancia de ese espacio? Las respuestas a esas interrogantes se encuentran relacionadas a la particular historia de la regla de las tres millas, su origen y el alcance de su aceptación hasta inicios del siglo XX, momento en el que sería finalmente superada para dar paso a los nuevos planteamientos que conformarían el orden internacional actual aplicable a los océanos, el conocido nuevo Derecho del Mar, cuya muestra tangible es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982.

Primero, debemos entender que el surgimiento de dicha regla a finales del siglo XVIII no significó el “inicio” de una idea en favor de la jurisdicción sobre el mar de los Estados costeros, sino la “continuación” de una tendencia que desde el siglo XV, en particular, se venía imponiendo a fin de reservar una franja de mar al lado de cada Estado, con fines defensivos y de neutralidad, en respuesta a posibles actos de piratería y otros atentados a embarcaciones en el océano.

Pero si el objetivo de la franja era contribuir a la defensa de las costas, ¿Cuál debía ser la distancia adecuada que cumpliera ese propósito? pregunta el reconocido especialista en Derecho del Mar, Tommy Koh (1987:4). Más aún si el peligro que justificaba este criterio de protección variaba dependiendo de cada Estado. No podía ser igual el caso de una potencia marítima al de un pequeño reino. Esta falta de uniformidad sobre una medida, sería preliminarmente resuelta por el holandés Cornelius Van Bynkershoek quien en su obra De Dominio Maris de 1702 introduciría el planteamiento de un espacio marítimo cuyo alcance no superaría el del impacto de una bala de cañón lanzada desde la costa.

Ahora bien, el criterio de la bala del cañón presentaría una serie de dificultades: la necesidad de que todos los Estados que decidieran aplicarla contaran con cañones ubicados en los márgenes de sus costas para establecer sus límites referenciales (supuesto teórico de imposible cumplimiento) y la realidad generada por la variedad técnica que podía existir entre ellos y la potencial modificación de su alcance con el paso del tiempo. Lo anterior, impediría el establecimiento de una franja uniforme a lo largo de las costas.

A este criterio se sumarían el de la regla del “alcance de la vista” aplicado por España en 1565 y el de las “leguas marinas” empleado por los países escandinavos y de manera especial, Dinamarca, que ordenaría en 1598 el uso de las dos leguas marinas como base para un mecanismo de control de la actividad de pesca realizada por embarcaciones británicas.

El solitario devenir de los tres criterios antes mencionados, su incapacidad para convertirse en normas de uso general, sería el contexto ideal para el surgimiento de una nueva postura que situó el límite de las aguas marinas adyacentes a un Estado en tres millas.

Un error generalizado, como identifica Kent (1954: 537), ha hecho suponer que dicha distancia tiene su origen exclusivamente en la regla de la bala del cañón. Por el contrario, como señala el mismo autor, las tres millas emergerían como una “solución de compromiso” entre ellas, en particular por la presión de los países escandinavos.

La regla fue impuesta por Francia en 1761, quien enlazaría el criterio de la bala del cañón con la medida de las tres millas. Posteriormente, en 1782, el italiano Ferdinando Galiani, iría más allá creando una base doctrinaria, mediante su publicación “Los deberes de los príncipes neutrales hacia los príncipes beligerantes” y señalaría la distancia de las tres millas como una medida razonable que se asemejaba al calibre de las balas del cañón.

En los años posteriores, la práctica estatal fue determinante para la difusión y popularidad de la regla. En 1794, el Congreso de los Estados Unidos la adoptaría oficialmente y en 1818, sería incorporada en el texto de un tratado internacional: la Convención respecto a pesca, límites y restauración de esclavos, suscrito entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Este último, en su calidad de potencia marítima a nivel mundial, sería uno de los grandes impulsores de la regla a lo largo del siglo XIX.

Asimismo, como señala David Anderson (2008:6) también ayudó que, para ese momento, ya se había establecido “un balance” entre las doctrinas del “Mar abierto” y “Mar cerrado” que durante siglos se habían enfrentado, y que significaba la ya aceptación de una dualidad de espacios: unas aguas territoriales en favor de los Estados costeros y una alta mar con libertad de tránsito.

Con marcadas excepciones, como es el caso de Portugal que se inclinó por defender sus derechos sobre una distancia de seis millas y los países escandinavos que optaron por la medida de las cuatro millas; la regla de las tres millas logró ser adoptada internacionalmente por buena parte de los Estados debido, en gran medida, al respaldo e influencia ejercida por las grandes potencias de la época.

Sin embargo, el aparente reinado de esta regla evidenció su fragilidad tan pronto fueron posibles, los primeros intentos de carácter multilateral realizados con el fin establecer normas de carácter global para los asuntos oceánicos.

Fue el caso de la Conferencia de La Haya, convocada por la Sociedad de las Naciones y celebrada del 13 de marzo al 12 de abril de 1930, con la aspiración de lograr consensos a través de un debate entre sus 48 Estados participantes. Los sucesos de dicha conferencia ameritarían una investigación separada, pero podemos afirmar que el tema de la anchura de la franja de mar adyacente a las costas estatales, que para ese entonces era denominada como “aguas territoriales”, fue el más importante y el que determinó el destino de ella. La conferencia hizo visible la fragmentación de las visiones de sus participantes respecto a ese espacio marino, entre los otros temas también abordados.

El nivel de divergencias hizo inviable un proceso de votación. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Japón, Dinamarca se mostraron a favor de las tres millas, mientras que Alemania, Francia, Bélgica y otros planteaban la aceptación de esa medida unida a una zona contigua. Mientras que, Islandia, Suecia y Noruega apoyaban una distancia de 4 millas, entre otras posiciones.

En ese contexto, la Conferencia fracasó al no llegar a acuerdos y en un cambio en el estado de las cosas, permitió distinguir que (Koh, 1987:8) “las grandes potencias no estaban ya comprometidas con defender el límite de tres millas”, lo que determinó que ésta fuera la gran derrotada al término de ella. Esto último hizo también notorio el inicio del cuestionamiento y colapso de las reglas que para ese entonces regían los océanos.

La ausencia de acuerdo sobre la anchura del espacio que pasaría a llamarse “mar territorial” sería el escenario propicio para la continuación de un debate sobre este y otros asuntos marinos, lo que fue desafortunadamente retrasado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, la recientemente creada Organización de Naciones Unidas retomaría, a través de los trabajos de su Comisión de Derecho Internacional, el tratamiento de estos temas, lo que permitió que en 1958 tuviera lugar la Primera Conferencia sobre Derecho del Mar.

Una tercera edición de esa conferencia en la década de los 70, recogería el planteamiento de una mar de 200 millas bajo jurisdicción de los Estados, poniendo un punto final a siglos de ambigüedad sobre los alcances de los derechos y deberes de las naciones sobre el mar.

ANDERSON, D. (2008) Modern Law of the Sea. Brill/Nijhoff.

KENT, H. S. K. (1954) The Historical Origins of the Three-Mile Limit. pp- 537-553.The American Journal of International Law Vol. 48, No. 4 (Octubre).

KOH, T. (1987). The origins of the 1982 Convention on the Law of the Sea. pp. 1-17. Malaya Law Review, 29(1).

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

La Revolución Azul: A 38 años de la creación de la Convención del Mar

enero 4, 2021

Por Gian Pierre Campos Maza

La “revolución azul” fue la expresión empleada por el Embajador Alfonso Arias-Schreiber Pezet (1973:36), uno de los más importantes especialistas peruanos en Derecho del Mar, para referirse al proceso histórico, político y normativo que provocó la creación del actual orden jurídico internacional que rige las actividades humanas sobre los océanos y cuya expresión formalizada es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, instrumento internacional de aceptación casi planetaria que a la fecha, ha sido ratificado por 168 Estados.

Precisamente, el 10 de diciembre del 2020, se cumplió un aniversario más de la puesta a la firma de dicha convención. Recordándose en dicha ocasión que, hace 38 años, concluyeron en Montego Bay, Jamaica, los trabajos de negociación de los textos de este nuevo tratado durante la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho de Mar, que se había iniciado en 1973.

Esa conferencia, realizada luego del fracaso de las dos primeras celebradas en 1958 y 1960, respectivamente, se puso como meta el establecimiento de un ordenamiento jurídico global para todos los aspectos relativos al mar. Lo hizo en un contexto distinto al de las dos conferencias que la precedieron.

¿Se trató entonces de una verdadera revolución la que originó el nuevo orden para los océanos? Analicemos los hechos. El jurista español Alejandro Rodríguez Carrión (2001:461) se manifestó también a favor de ese planteamiento al referirse a esta etapa de transición. La convocatoria hecha a la Tercera Conferencia sobre el Mar, el 17 de diciembre de 1970, fue el suceso final y resultante de un periodo caracterizado por una serie de cambios que remecieron las estructuras de las reglas del mar vigentes para esa época, poniendo fin al statu quo respecto a ellas, sostenido en gran medida por los Estados desarrollados.

En ese sentido, para nadie es desconocido, que las décadas de los 60 y 70 estuvieron marcadas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que generó una modificación en la perspectiva del océano, de una mirada horizontal a una vertical. Nos referimos a una nueva percepción dirigida a las profundidades del mar y sus riquezas en ella ubicadas, más allá de los recursos pesqueros. Esto último, situaría la atención mundial en los nódulos polimetálicos (compuestos de níquel, cobalto y manganeso) descubiertos en los fondos marinos, despertando así el interés de diversos Estados, en especial de aquellos desarrollados, por su posible explotación futura y potencial valor económico. Esto motivaría que en 1967, el representante de Malta, Arvid Pardo, formulara una declaración, en el marco de la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que los fondos marinos sean declarados Patrimonio Común de la Humanidad, lo que se logró el 17 de diciembre de 1970.

Adicionalmente, el proceso de descolonización que tuvo lugar en las mismas décadas, produjo un cambio en el sistema internacional con un creciente número de nuevos Estados provenientes del Asia y del África, los que luego de alcanzada su independencia, cuestionaron el régimen del mar imperante hasta ese momento, en cuya elaboración no habían tenido participación alguna (Pastor Ridruejo, 2008:344). Cabe indicar que en la Primera Conferencia sobre Derecho del Mar participaron sólo 86 Estados y en la segunda concurrieron 88 de ellos. La falta de legitimidad o representatividad de las normas sobre el mar aplicables a ese tiempo, hizo que los recientes Estados se sumaran a la causa de aquellos que, como era el caso de los países latinoamericanos, impulsaban la celebración de una Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, en la que la participación aumentó de manera significativa hasta llegar a los 160 Estados.

Asimismo, debe considerarse que después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular, luego de las proclamaciones del 28 de diciembre de 1945, del Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, sobre los derechos de ese país respecto a los recursos de su plataforma continental y sobre una zona para la pesca en alta mar, comenzó una casi ininterrumpida lista de declaraciones unilaterales emitidas por diversos Estados con el fin de reivindicar derechos de jurisdicción o control sobre el mar adyacente a sus costas más allá de las tradicionales 3 millas, medida internacional válida durante décadas para limitar el alcance del dominio estatal sobre el mar. Entre ellas, destaca la formulada por el Perú, mediante el Decreto Supremo N°781 del 1 de agosto del 1947 que estableció una soberanía y jurisdicción hasta la distancia de 200 millas. Para 1970, nueve Estados latinoamericanos habían emitido reivindicaciones en el mismo sentido. Y en 1973, como resultado de la Cumbre de los Países No Alineados reunida en Argel, 75 países, entre asiáticos, africanos y latinoamericanos, se pronunciaron a favor de reconocer derechos a los Estados ribereños dentro de una zona jurisdiccional que no excedía las 200 millas.

Todo lo anterior, conformó el escenario para el debate que posteriormente se desarrollaría en la Tercera Conferencia, a lo largo de sus once periodos de sesiones. El quiebre y cuestionamiento a las viejas reglas del mar, el surgimiento de intereses económicos, la presencia de nuevos actores, y la cada vez mayoritaria adhesión a la tesis de las 200 millas, configuró aquello que puede considerarse una “revolución” sobre el mar. Esto última fue a su vez, el punto de partida ideal que generó, sobre la base del consenso, la construcción de las normas que ahora regulan el comportamiento de los Estados sobre los océanos y que conforman la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Dicho tratado entró en vigor en 1994, luego de alcanzar las 60 ratificaciones requeridas. Hoy, la comunidad internacional reconoce en la Convención del Mar, casi 40 años después de su redacción, uno de los principales aportes de la Organización de las Naciones Unidas al derecho internacional y la considera el referente fundamental para el tratamiento de las cuestiones marítimas.

ARIAS- SCHREIBER PEZET, A. (1973) Conferencia. En: Fundamentos de la doctrina de las 200 millas peruanas. Lima: Editorial Liborio Estrada S.A.

PASTOR RIDRUEJO, J. (2008) Curso de Derecho Internacional y Organismos Internacionales. Madrid: Tecnos.

RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. (2001) Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

A la Defensa del Dominio Marítimo Peruano: El Caso de la Flota Onassis

octubre 15, 2020

Por Gian Pierre Campos Maza
Miembro del IPPDI. Diplomático peruano y profesor universitario.

El 2 de octubre de 1958, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Raúl Porras Barrenechea señalaría como parte de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, lo siguiente: “La irrupción en nuestras costas de poderosas flotas pesqueras dotadas de todos los recursos de la técnica moderna y realizada en forma insaciable, determina la extinción de los peces y, con ella, la mortandad de las aves guaneras y la disminución del fertilizante de nuestras costas”^[1].

Su mensaje era de alerta y se enmarcaba dentro una serie de acciones de carácter diplomático que veníamos asumiendo, como país, para el reconocimiento y defensa de nuestra soberanía sobre las doscientas millas, proclamadas a través del decreto supremo N° 781 del 1 de agosto de 1947.

¿Era necesario denunciar la amenaza que se presentaba frente a nuestras costas debido a esas flotas extranjeras? El reconocido jurista Alberto Ulloa reflexionó sobre la naturaleza de dichas embarcaciones dedicadas a la pesquería industrial y que para la época generaban preocupación por su capacidad y equipamiento. En tal sentido, escribió en 1957 (Ulloa, 1957:54): “las flotas comprenden barcos fábricas, barcos tanques y barcos refrigeradores, además de factorías flotantes y de unidades de aprovisionamiento en el mar para que, no viéndose obligados a hacer escala en costas próximas a su depredación, puedan quedar impunes o al menos, no ser hostilizados”^[2].

Dichas expresiones no eran una simple respuesta teórica a un problema alejado y potencial. Años antes, el Perú tuvo que enfrentar una situación real que dio lugar a una acción de defensa enérgica de nuestro dominio marítimo y que constituye uno de los episodios emblemáticos de la historia del Derecho del Mar.

El 4 de agosto de 1954, la flota ballenera del magnate griego Aristóteles Onassis, partió del puerto del Kiel, Alemania, con dirección a las costas de nuestro país, operando bajo pabellón panameño, para dedicarse a la caza de ballenas. Esa flota se sentía amparada en el principio de la libertad de los mares, en el hecho que el límite internacional reconocido sobre el mar para entonces era de 3 millas y convencida de que sus acciones se llevaban a cabo en alta mar. Haciendo una escala en Panamá, nueve embarcaciones de la flota partieron a finales de ese mes, a pesar de haber sido advertidas de la posición peruana de hacer valer su soberanía marítima de doscientas millas.

Entre el 15 y 16 de noviembre del mismo año, cinco embarcaciones de la flota fueron vistas en nuestro dominio marítimo y capturadas por los destructores de la Marina de Guerra del Perú, Aguirre y Rodríguez, aproximadamente a 125 millas de la costa. Dentro de ellas, se incluía a la nave nodriza “Olympic Challenger”, la que opuso resistencia e intentó sin éxito escapar al momento de su intervención. Las embarcaciones fueron trasladadas al puerto de Paita junto a sus 354 tripulantes en calidad de detenidos, la mayoría de nacionalidad alemana.

La repercusión mediática internacional no se hizo esperar por la audacia de la acción de fuerza adoptada por un país sudamericano como el Perú, por el fundamento legal empleado que remecía los cimientos del derecho del mar de ese entonces, y por los intereses en juego, acrecentados luego que se hizo público que las citadas embarcaciones, de pabellón panameño, se encontraban aseguradas por la empresa británica Lloyd´s.

Sin embargo, nada de ello detuvo al Capitán del puerto de Paita para tomar una decisión sobre este caso el 26 de noviembre, con base en el Reglamento de Capitanías y Guardacostas de 1951, en particular su artículo N° 764 que imponía la autorización del Gobierno como requisito para realizar pesca industrial o caza marina, y considerando los alcances del referido decreto supremo N°781. En su fallo, el Capitán del puerto determinó que las citadas embarcaciones habían cometido infracciones a la ley peruana e impuso una multa de tres millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, quedando retenidas dichas naves en calidad de garantía, las que seguidamente fueron llevadas al puerto del Callao.

Para entonces, ya se había determinado que las embarcaciones capturadas y aquellas que lograron escapar habían cazado entre 2500 y 3000 ballenas dentro del dominio marítimo peruano, y además se había encontrado en el interior de la “Olympic Challenger” alrededor de 6, 800 toneladas de aceite de ballena.

Posteriormente, el 13 de diciembre de 1954, la empresa Lloyd´s pagó la referida multa, en su equivalente en moneda nacional, es decir, cincuenta y siete millones de soles, quedando liberadas las embarcaciones, las que partieron del puerto del Callao.

Este último hecho significó, en la práctica, un reconocimiento de alcance internacional al ejercicio efectivo de la jurisdicción de nuestro país sobre su mar y un significativo precedente en la defensa de nuestros recursos marinos. Con ello, nuestro país logró también una visibilidad positiva para nuestra causa en favor de la tesis de las doscientas millas, la que llegaría a consolidarse en las décadas siguientes a través de normas como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

^[1] PORRAS BARRENECHEA, R. (1958, octubre 2). Discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

^[2] ULLOA, A. (1957). “El Régimen Jurídico del Mar”. Revista Peruana de Derecho Internacional. N° 51, Tomo XVII, enero-junio, pp. 5-81.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Promoción de la democracia desde el derecho internacional

septiembre 19, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Es coyuntural que el 15 de setiembre celebremos el día internacional de la Democracia, en un tiempo en que a nivel mundial muchos Estados han recurrido a mecanismos de excepción para hacer frente a los desafíos que ha puesto sobre la agenda política la actual situación de pandemia. El haberse restringido diversos derechos como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, asimismo, el haber tenido que afrontar la educación desde otra perspectiva, ejercer el derecho al trabajo asumiendo nuevas dinámicas, y evidenciar el ejercicio político desde los poderes constituidos del Estado para contextualizar la gobernabilidad en favor de la ciudadanía en un especial contexto como el que vivimos, nos hace reflexionar sobre este concepto y sus implicancias reales.

En el marco jurídico internacional podemos encontrar diferentes expresiones normativas que disponen, en un afán de promoción y fortalecimiento de la democracia, diversas obligaciones y compromisos por parte de los Estados para sintonizar los ideales internos con los que inspiran el derecho internacional; en primer término la Carta de las Naciones Unidas, que si bien no hace referencia explícita a la democracia como concepto político-normativo, sin embargo, su preámbulo inicia con la expresión “Nosotros los Pueblos”, cuyo significado es sin duda contenido esencial del referido término, ya que del pueblo nace la legitimidad del Estado, y por ende, también de dicha Organización en general.

De la misma manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, expresa a lo largo de su articulado diversos principios básicos que refuerzan la idea de la democracia como forma de gobierno coherente con la defensa y protección de los derechos humanos, así en su artículo 27 señala que: “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del que el Perú es Parte desde 1976, documento jurídico vinculante que consagra entre diversos derechos, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, el derecho de participar en los asuntos públicos, el derecho al voto, a ser elegido mediante mecanismos de sufragio universal, etc.

En el plano regional, la Carta de la OEA, de la cual el Perú es Parte desde 1952, marca una diferencia respecto de los principios fundantes de la ONU, ya que adicionalmente a estar cimentados en la paz y seguridad, en este caso hemisféricas, el respecto de los derechos humanos, también se basa en la defensa de la democracia; así, por ejemplo, en el artículo 2 relativo a los propósitos esenciales dispone que la organización tiene como fin “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;” y en su artículo 3 referido a los principios de la organización se señala: “La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.

Un documento de especial relevancia es la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima en 2001, este instrumento constituye un esfuerzo desde América Latina para reconfirmar los ideales aspiracionales de todos los pueblos de la región, de configurar de una vez por todas y a través de mecanismos concretos la defensa de la democracia como ruta de navegación para lograr espacios de convivencia en igualdad de condiciones entre todos quienes forman parte del Estado, y también del continente. Y en ese sentido es menester señalar lo que dispone el artículo 4 de la Carta: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”; esto quiere decir que el diálogo entre los órganos del Estado y la sociedad deben ser claros, asertivos y encaminados a actuar positivamente en atención a las necesidades individuales y colectivas de la población.

En este espacio, recuerdo un par de respuestas a una misma pregunta formulada a dos brillantes profesionales en dos tiempos distintos. La pregunta fue ¿cuál era la fórmula, desde su perspectiva, para que la democracia en América Latina, alcance un estándar que permita a los pueblos y gobiernos de la región mantenerla en vigencia y que los mecanismos de representación gocen de legitimidad por parte de la ciudadanía? Una de la respuestas fue compartida por el profesor Gerardo Caetano, docente e investigador en la Universidad de la República (Uruguay) en el contexto del IX Congreso de Relaciones Internacionales realizado en la Universidad de La Plata (Argentina) en 2018, y estableció de manera clara y concreta que, desde la experiencia uruguaya la fórmula para el mantenimiento de la democracia gira en torno a tres pilares fundamentales: la separación de poderes, la existencia [y fortalecimiento] de partidos políticos y el estado laico. De otro lado, el Embajador Guillermo Cochez, ex representante de Panamá ante la OEA, en una sesión que sostuvimos en el Colegio de Abogados de Panamá, en 2019, señaló que, adicionalmente a las tres premisas antes referidas, él añadiría una que su juicio resulta importante e impostergable, la participación ciudadana.

Es de verse entonces que, para que la democracia, como forma de gobierno que aspiramos mantener, contra todo intento de soterrarla, de darle sentidos diversos muy alejados de lo que realmente constituye, alcance de manera permanente un nivel de progresividad y por qué no decirlo de actualidad respecto de los tiempos que debemos enfrentar, es incondicional que se fortaleza la institucionalidad y legitimidad representativa del Estado; a través, de los mencionados mecanismos de representación adecuadamente estructurados y decentemente integrados.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

La solidaridad como obligación

septiembre 6, 2020

Por Luciana Cumpa García Naranjo
Directora Ejecutiva del IPPDI. Profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.

En la serie documental “Bebés” de Netflix, el profesor asociado de Psicología, Felix Warneken, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), se propuso estudiar el estado inicial de los comportamientos cooperativos en los niños. Él se preguntaba si el altruismo era una conducta innata o aprendida. Para ello, realizó una serie de experimentos, siendo el más ilustrativo aquel que consistía en dejar jugar a un niño -de aproximadamente dos años- en una piscina de pelotas al lado de un adulto. Este último dejaría caer intencionalmente un vaso de plástico y simularía dificultad para recogerlo con el fin de observar si el niño sería capaz de abandonar su entretenimiento por ayudarlo. La respuesta fue abrumadora: los niños dejaban a un lado su diversión para ser solidarios con el adulto. En palabras del profesor Warneken, estos resultados cuestionaban la creencia generalizada de que los niños nacen egoístas, y que por el contrario, estos llegan al mundo motivados para ayudar a los demás.

Si examinamos la historia podemos observar que la cooperación y solidaridad se han manifestado en las diversas sociedades y en sus sistemas económicos. De hecho, el ejemplo más cercano es la reciprocidad en el mundo andino. Sin el ayni y la minka, difícilmente nuestros ancestros habrían sido capaces de subsistir en una geografía tan adversa y aprovechar al máximo la gran variedad de productos alimenticios que ofrecen los diferentes ecosistemas en el territorio peruano[1].

Por otra parte, en el mundo occidental, la fraternidad (entendida hoy como solidaridad), fue uno de los pilares de la revolución francesa junto a la libertad e igualdad, lo que inspiraría con posterioridad la creación de sistemas de servicios públicos de salud y educación en la Europa Moderna.

La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas concibe la solidaridad como: “Una comunión de responsabilidades e intereses entre individuos, grupos, naciones y Estados y, en ocasiones, aparece vinculada a la idea de fraternidad proclamada por la Revolución Francesa. La noción de solidaridad… se corresponde con la noción de cooperación, ya que sólo se coopera en un acto de solidaridad.”[2]

En coherencia con ello, la cooperación y solidaridad están contempladas en el derecho internacional como una responsabilidad y obligación compartida. El artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas señala como propósitos de la organización: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales”. Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Si bien la Declaración nació sin fuerza vinculante, esta devino en obligatoria gracias a la práctica de los Estados, de manera que el referido artículo expresa la obligación de actuar solidariamente.

A nivel normativo interno, la solidaridad también es considerada un principio orientador de normas como la Ley 26790 sobre Modernización de la Seguridad Social en Salud (Essalud), en cuyo artículo 1 dispone que este sistema se desarrolla en un marco de equidad y solidaridad.

Podemos afirmar entonces que la solidaridad es una característica innata del ser humano y fundamental para su subsistencia. Las acciones cooperativas han sido un rasgo permanente de la organización social de la humanidad. Por eso, en un contexto de pandemia, es indispensable recordar la trascendencia de la solidaridad como un principio que debe guiar las decisiones individuales y colectivas para vencer al Covid-19 y sus consecuencias económicas. Es necesario dejar a un lado la mirada romántica e idílica de la solidaridad para reconocerla como una obligación cuya puesta en práctica contribuirá a la superación de la crisis.

[1] PEASE, F. (1992). Perú, Hombre e Historia. Entre el siglo XVI y el XVIII. Lima: Ediciones Edubanco. pp. 15-16.

[2] CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (2004). Los derechos humanos y la solidaridad internacional. E/CN.4/Sub.2/2004/43. p. 7.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

El cuidado de la infancia en tiempos de pandemia

agosto 18, 2020

Por Luciana Cumpa García Naranjo
Directora Ejecutiva del IPPDI. Profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.

Cada tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño en el Perú, fecha en la que se promueve el derecho de la infancia al desarrollo de su personalidad de forma plena y a crecer en el seno de la familia rodeado de amor y comprensión. Esta conmemoración tiene su origen en una serie de instrumentos internacionales como la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño de 1924, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 836 (IX) de 1954 sobre Día Universal del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Este documento de carácter vinculante significó el reconocimiento internacional de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, al tiempo que marcó un hito al introducir un cambio en la política pública dirigida a la infancia – tradicionalmente orientada a atender sólo situaciones de “irregularidad” como por ejemplo, a aquellos infantes en situación de abandono- y dispuso un viraje hacia un enfoque de protección integral, vale decir, la ejecución de políticas orientadas a alcanzar el bienestar de la niñez en todo momento y en sus múltiples dimensiones como la salud, educación, alimentación, crianza en el seno familiar, etc [1].

Siguiendo dicho objetivo, la CDN contempló la creación de un Comité de los Derechos del Niño conformado por expertos que tienen como una de sus tareas emitir Observaciones Generales sobre diversos asuntos a fin de orientar la aplicación de la Convención por parte de los Estados.

La Observación General No. 16: la compatibilidad entre el trabajo de los padres y el cuidado infantil

En el 2013, el Comité de los Derechos del Niño emitió la Observación General No. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño [2]. En el párrafo 35 de este análisis se señala que: “…los padres o los cuidadores que trabajan en el sector no estructurado de la economía a menudo tienen que trabajar largas jornadas para obtener unos ingresos que les permitan subsistir, lo cual limita gravemente sus posibilidades de ejercer las responsabilidades parentales o atender a los niños a su cargo.” Mientras que en el párrafo 36 indica que: “Los Estados deben aplicar medidas para garantizar que las actividades empresariales se desarrollen siempre dentro de los debidos marcos jurídicos e institucionales, independientemente de su magnitud o del sector de la economía, de manera que los derechos del niño puedan ser claramente reconocidos y protegidos.”

La crisis de los cuidados

La crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19 ha impactado negativamente en los cuidados y atenciones que se brindan a los niños, niñas y adolescentes, tanto entre aquellos padres o cuidadores que han caído en el desempleo, o trabajan precarizadamente como entre los que tienen el privilegio de realizar teletrabajo. Mientras que los primeros, luchan por subsistir y proveer a sus familias, los segundos deben cumplir jornadas interminables, sin descansos, sin tiempos para realizar el trabajo doméstico necesario en el hogar y sobretodo, el cuidado de sus hijos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe [3], esta emergencia sanitaria ha evidenciado “la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región”, y a continuación indica: “El trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización de tareas de apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimientos y valores y el acompañamiento a las personas para garantizar su bienestar.”

Si bien en este reporte, la CEPAL hace énfasis en la desigualdad de género y la excesiva carga de cuidados en las mujeres, puede desprenderse también que el trabajo de cuidado resulta fundamental cuando es dirigido hacia la niñez y adolescencia. En consecuencia, para superar la crisis, no sólo serán necesarias medidas económicas de carácter extraordinario sino también políticas que tomen en cuenta la protección integral de la infancia y la necesidad de hacer conciliar la actividad laboral de los padres o tutores con el trabajo de cuidado que ejercen hacia los niños, niñas y adolescentes en sus hogares.

[1] Una consecuencia de la ratificación de la CDN por parte del Perú fue la aprobación del Código del Niño y Adolescente en el año 1992 que recogía el enfoque de la protección integral de la infancia en reemplazo del cuerpo legal anterior llamado Código de Menores.

[2] Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. (2013). Observación general No. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. CRC/C/GC/16. p. 11.

[3] Naciones Unidas. CEPAL. (abril 2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. p. 1.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Protección regional de la Amazonía y la participación del Perú en la OTCA

agosto 11, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

Desde la perspectiva política, ecológica, económica y cultural, la Amazonía es núcleo vivo de diversidad biológica, de recursos naturales y energéticos. Mirado desde otra perspectiva, es un espacio invaluable de freno a las consecuencias del cambio climático, ya que absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono (razón por la que, en repetidas veces, la llaman “el pulmón del planeta”). Desde el lado social, siempre fue cuna de comunidades nativas e indígenas, cuyo valor y riqueza ancestral hace que los países que la sustentan soberanamente gocen de una pluralidad de lenguas, costumbres y saberes, pero, al mismo tiempo, por su riqueza, ha sido y es foco de conflictos socioambientales, de afectación por actividades delictivas de gran escala y de diversos tipos (narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, entre otras actividades).

Son ocho Estados los que tienen acceso soberano en la Amazonía en la región: Brasil, como el país con mayor territorio amazónico, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam. Todos ellos son Estados Parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) creada en 1995, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo internacional nacido del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) suscrito el 3 de julio de 1978 y ratificado por el Perú el 27 de agosto de 1979.

Los objetivos de este organismo internacional están dirigidos a promover los fines del tratado. Estos buscan el desarrollo sostenible integrado de la cuenca a través de la cooperación política y técnica. De manera más precisa, se quiere lograr un impacto en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes promoviendo la investigación científica, la protección de la navegación en sus ríos, la utilización racional de los recursos naturales, etc.

Todos estos objetivos buscan alcanzarse a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países que conforman la cuenca. Así, por ejemplo, el Perú y Brasil han suscrito varios acuerdos: el Tratado de Amistad y Cooperación de 1979, en el que se prioriza el cumplimiento de los compromisos que asuman ambos países en referencia a la región amazónica; la Declaración de Río Branco de 1987, cuyo propósito fue dinamizar la cooperación fronteriza en la región amazónica; o el Acuerdo sobre Zona de Integración Fronteriza Perú–Brasil (ZIF) de 2009, que entre varios factores busca promover los procesos de integración en la zona fronteriza binacional desde el ámbito comercial, de infraestructura, ambiental y de desarrollo productivo.

Las instancias de la organización son la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, como máxima instancia; el Consejo de Cooperación Amazónica; la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica; y las Comisiones Nacionales Permanentes. A nivel interno, la Comisión Nacional Permanente Peruana está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por 26 instituciones, entre ellas doce Ministerios, PROINVERSIÓN, PROMPERÚ, CONCYTEC, ANA, SERFOR, etc. Parte de la labor de dicha comisión está orientada al monitoreo del control o la prevención de la deforestación, la gestión integrada de los recursos hídricos, entre otros.

Vemos que a nivel país, el Perú responde estructuralmente a los compromisos asumidos y surgidos en el Tratado de Cooperación Amazónica, pero es evidente que política y económicamente no necesariamente cumple con sus obligaciones en esta parte del territorio. Basta revisar cifras. “Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó con 50 mil hectáreas de bosques en los últimos años”, de acuerdo a informes de MINAM. “Más de 120,000 hectáreas de bosques desaparecen en la Amazonía peruana cada año” señala Gestión. “De 2001 a 2019, Perú perdió 3.12M ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 4.0% de la cobertura arbórea desde 2000, y al 1.48 Gt de las emisiones de CO₂” indica Globalforestwatch. Hasta este año 2020, el Perú ha perdido alrededor del 8% de su bosque original informa BBC.

Brasil es el Estado líder en la OTCA, de hecho, ostenta su sede. Pero, también es evidente que, si se mantiene la actual política de gobierno respecto de la protección de la Amazonía, las cifras de mejora no serán muy alentadoras, a nivel de protección y cooperación. Parte de la respuesta del Perú, en este contexto debería ser ratificar el Acuerdo de Escazú como mecanismo jurídico clave en la defensa del medio ambiente, por tanto, de la cuenca amazónica y sus protectores primarios.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

El Decreto Supremo N° 781 y la Batalla de las 200 Millas

agosto 3, 2020

Por Gian Pierre Campos Maza
Miembro del IPPDI. Diplomático peruano y profesor universitario.

Más de setenta años han pasado desde que el 1 de agosto del 1947, el Gobierno peruano emitió el Decreto Supremo N° 781 proclamando la soberanía y jurisdicción de nuestro país hasta una distancia de 200 millas náuticas medidas desde sus costas, así como sobre su plataforma continental y las aguas que la cubren con el objeto de “reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren” en atención al desarrollo del país y en favor de las necesidades alimenticias de nuestra población.

El histórico Decreto Supremo, suscrito por el Presidente de la República José Luis Bustamante y Rivero y el Ministro de Relaciones Exteriores Enrique García Sayán, constituyó un hito en la historia del derecho internacional aplicado a los océanos al cuestionar la visión clásica, aceptada hasta inicios del siglo XX, que atribuía derechos a los Estados costeros sólo hasta las tres millas medidas de sus costas y al ser, por su naturaleza, una norma que pasó a integrar el ordenamiento jurídico nacional.

Dos años antes, el 28 de diciembre de 1945, el Presidente de los Estados Unidos, Harry S Truman había realizado, a través del decreto N° 2667 y el decreto Nº 2668, la primera reclamación unilateral destinada a reivindicar derechos sobre la plataforma continental adyacente a las costas de su país y para la creación de una “zona de conservación” vinculada a actividades pesqueras en el alta mar. Con esta medida, Estados Unidos desencadenaría una serie de reclamaciones unilaterales sobre el mar, entre las que se encontraría la declaración chilena del 23 de junio de 1947, emitida por el presidente Gabriel González Videla, por la que se proclamó la soberanía de Chile sobre la plataforma continental y los mares adyacentes a sus costas hasta una distancia de 200 millas náuticas.

Pero el Perú, a pesar de los intereses similares que se podrían encontrar en los antecedentes mencionados, consideró necesario elaborar una respuesta jurídica propia, desarrollada y ajustada para atender su particular preocupación sobre la defensa de los intereses económicos de nuestro país en el mar. Más aún, si para aquel momento parecía imposible esperar un consenso internacional a favor de establecer reglas, hasta ese tiempo inexistentes, sobre la utilización del océano como una fuente de riqueza, que sirvieran como un mecanismo de protección frente al creciente número de embarcaciones extranjeras interesadas en pescar frente a nuestras costas.

En ese contexto, el Decreto Supremo peruano introdujo en el derecho del mar la tesis de la soberanía y jurisdicción estatal hasta el límite de las 200 millas náuticas. Y en su texto, con un enfoque eminentemente económico, planteó una fórmula dirigida a salvaguardar los recursos y riquezas de nuestro mar para su explotación futura, de manera que “no cause detrimento a la economía del país ni a su producción alimenticia”. Y de manera complementaria, reconoció la necesidad de tomar medidas de conservación para la fauna marina que servía como alimento para las aves guaneras.

Como era imaginable, las objeciones al planteamiento peruano llegaron luego por parte de las potencias marítimas de la época (Estados Unidos y Reino Unido), las que catalogaron la acción peruana como un hecho contrario al derecho internacional. Esto obligó a que el Perú iniciara una labor diplomática sin precedentes a lo largo de varias décadas para la defensa y difusión de la tesis, su adopción gradual en otros países y continentes como el asiático y el africano, así como su incorporación como parte del derecho internacional del mar.

Un episodio histórico y significativo de esta etapa, fue la suscripción el 18 de agosto de 1952 de la «Declaración de Santiago» por Chile, Ecuador y Perú, instrumento que se volvió el punto de partida de la acción conjunta de los tres países para la defensa internacional de la tesis de las 200 millas y para la conformación de un sistema de coordinación en asuntos marítimos al que posteriormente se denominó la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

Ese extenso proceso de consolidación internacional de la tesis al que nos hemos referido y en el que el Perú cumplió un rol activo, no fue sencillo. Como señaló el excanciller y embajador Carlos García Bedoya, fue una verdadera “batalla de las 200 millas”, que supuso el trabajo denodado de la diplomacia peruana y el compromiso de sus más valiosos representantes para llevar de manera casi continua a los distintos espacios del planeta, incluso los más alejados, los alcances de nuestra tesis. Esto no hubiera sido posible sin el respaldo ininterrumpido de los diferentes gobiernos, los que al estar convencidos de la importancia del planteamiento peruano buscaron impulsarlo.

En ese sentido, la posición peruana respecto a las 200 millas fue llevada a las dos primeras Conferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar realizadas en 1958 y 1960, respectivamente. Y también fue defendida durante la tercera conferencia convocada por ese organismo internacional, la que duró desde 1973 hasta 1982 y que dio como resultado el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Este acuerdo internacional, denominado también como la “Constitución de los océanos” por la multiplicidad de aspectos que aborda, consagró los derechos de los Estados hasta las 200 millas náuticas medidas desde sus costas, asumiendo así el fundamento de la tesis peruana. A la fecha, la Convención del Mar tiene una aceptación casi universal ya que 168 Estados del planeta son parte de ella.

Cabe señalar que la Constitución Política del Perú vigente, en su artículo 54, recoge también la mencionada tesis otorgando a nuestro país, bajo la denominación de “Dominio Marítimo”, una soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base, elevando con ello a rango constitucional el derecho de todos los peruanos sobre ese espacio.

Finalmente, es necesario remarcar que el logro alcanzado respecto a la tesis de las 200 millas fue el resultado de un esfuerzo desplegado por el Estado peruano en su conjunto. Diversas instituciones nacionales contribuyeron durante años a la defensa jurídica, política y científica de ésta, pero de manera especial, fue el ejercicio de una política exterior visionaria, profesional y constante la que jugó un papel determinante para lograr los consensos necesarios que permitieron garantizar, una vez más, el respeto a los intereses permanentes de nuestro país.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Hugo Grocio y la Libertad de los Mares

julio 20, 2020

Por Gian Pierre Campos Maza
Miembro del IPPDI. Diplomático peruano y profesor universitario.

En 1621, un abogado y político holandés emprendió un dramático escape de la sombría fortaleza de Loevestein, ubicada entre los ríos Rin y Mosa, en donde se encontraba hecho prisionero. Lo hizo con el apoyo de su esposa y escondido en una caja de libros. Tres años antes, en el marco de una pugna interna de poder entre republicanos y calvinistas monárquicos de Holanda, había sido condenado a cadena perpetua y se habían confiscado sus bienes. El nombre del fugitivo era Hugo Grocio o Huigh de Groot como lo llamaban en su tierra natal.

Instalado luego en París, retomaría su labor como escritor, la misma que lo había hecho conocido desde su nacimiento en la ciudad de Delft en 1583 y en sus primeros años de estudio en la Facultad de Letras de la Universidad de Leiden. En dicho centro académico encontraría el espacio para el inicio de su producción literaria y surgirían sus primeros textos de tipo histórico, obras de teatro y de poesía escrita en latín, griego y holandés.

Y también regresaría a su carrera de jurista, la que ejerció desde 1599 cuando apenas tenía 16 años y que lo llevaría a escribir en 1606 su tratado “De Iure Praedae” en defensa de las pretensiones comerciales de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y de cuestionamiento a los intereses marítimos de Portugal, basados en la bula “Inter caetera” emitida por el Papa Alejandro VI en 1493. El referido tratado no fue publicado hasta 1868, pero el capítulo XII de la parte tercera de éste, posteriormente modificado por el mismo autor, dio lugar a su obra “Mare Liberum” publicada en 1609.

En su publicación, hecha en un contexto de infructuosas negociaciones comerciales entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y España, Hugo Grocio, sin saber las situaciones que en el futuro lo esperaban, abordó como tema central el referido a la libertad. Para el autor, todas las naciones tenían derecho al comercio libre en el mar amparados en el derecho de gentes.

Grocio refutó la idea de los derechos exclusivos de España y Portugal para comerciar con las Indias, derivados del descubrimiento de ellas o de la guerra, argumentando que éstas existían con anterioridad y que no habían sido conquistadas luego de un conflicto bélico. Asimismo, negó la autoridad del Papa para pronunciarse en asuntos más allá de lo espiritual fuera de su territorio.

Pero esencialmente, Grocio postuló, basado en el derecho natural, la tesis que lo haría reconocido y que lo enlazaría a la historia del derecho del mar para siempre. Señaló que el océano tenía la condición de res communis omnium, que dicho espacio existía para satisfacer las necesidades humanas a través del comercio, y por tanto, era susceptible de uso por parte de todos, pero no de apropiación o dominio estatal exclusivo.

Este planteamiento no tardó en generar opiniones contrarias de quienes, atendiendo los intereses de las potencias marítimas de la época, crearon argumentaciones doctrinales para justificar sus posturas expansionistas. Como fue el caso de John Selden en su obra “Mare Clausum, seu de Dominio Maris” de 1635, en la que se criticaba el libre tránsito en el mar y se señalaba la existencia de derechos exclusivos sobre aguas adyacentes a las costas de países como Inglaterra.

Una mayor extensión del dominio en espacios oceánicos era de utilidad para el monopolio del tráfico comercial de aquellas potencias marítimas con posesiones en ultramar. Frente a ellas, aparecieron los Estados que, impulsando la tesis de la libertad de los mares, buscaban no sólo poner una barrera a sus intentos expansionistas sino romper dicho control monopólico.

Ahora bien, Grocio no fue el primero en plantear el dilema entre un mar abierto y un mar exclusivo. Ya de manera anticipada algunas ideas habían sido formuladas por teóricos como Francisco de Vitoria y Fernando Vásquez de Menchaca. Sin embargo, fue su libro el que originó el gran debate sobre la libertad en el océano que perduró durante algunos siglos.

El antiguo derecho del mar acogió de manera generalizada esta tesis desde finales del siglo XVIII, quedando de lado aquellos argumentos que sostenían la apropiación exclusiva de los mares. Para el siglo XIX se vería la necesidad de hacer ajustes a la tesis ante los excesos devenidos de una libertad absoluta en el mar y de una práctica estatal que se alejaba progresivamente de la costa. Esto último, coincidiría con que en las primeras décadas del siglo XX, comenzó una corriente de revisión de las normas aplicables al océano, que para entonces, aceptaba la existencia de dos espacios marítimos: una franja de mar adyacente a la costa de un Estado sin límite específico donde éste buscaba ejercer su jurisdicción (aguas territoriales) y una zona fuera de ella, denominada alta mar donde se mantenía la plenitud de la libertad de tránsito.

Años después, una serie de acciones unilaterales por parte de diversos Estados e iniciativas multilaterales emprendidas por la Organización de Naciones Unidas, marcarían el camino hacia la elaboración de lo que se conoce como el nuevo derecho del mar, cuya expresión formalizada es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982.

Ese instrumento internacional consagró en sus disposiciones, entre otros muchos aspectos, las libertades propias de la alta mar, que la tesis de Grocio inspiró en su momento.

En 1631, Hugo Grocio regresó a su país, pero al notar el Gobierno su presencia, ordenó su arresto por lo que nuevamente se vio obligado a huir e instalarse en Hamburgo para luego ejercer un cargo diplomático representando al reino de Suecia. En 1645 falleció en Rostock, Alemania, a la edad de 62 años producto de una enfermedad luego de naufragar durante un viaje.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

Seguridad Alimentaria y Derecho Internacional: Próximas Prioridades para el Perú

julio 13, 2020

Por Daniela Malapi Hernández
Directora de Investigación del IPPDI

En el actual contexto de pandemia que afecta a todos los países del mundo, han surgido –como era de esperar- un sinnúmero de debates en torno a los principales temas de agenda política global y nacional. La mayoría de ellos coincide en relievar la atención de los asuntos referidos a salud pública, economía, educación y, por supuesto, alimentación.

Desde el ámbito del Derecho internacional, la alimentación como derecho humano constituye una categoría de protección y promoción de permanente importancia. El individuo es el titular del derecho y el Estado es el sujeto de obligaciones. Y es a través de los instrumentos internacionales, principalmente de carácter vinculante, que se establecen las obligaciones jurídicas a los Estados que los ratifican. Así, a nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ratificado por el Perú en 1978), reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y la obligación del Estado de adoptar medidas dirigidas a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; y el aseguramiento de una distribución equitativa de los mismos en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países importadores como exportadores. En la misma línea, se ubican las siguientes convenciones: la Convención sobre los derechos del niño (1989), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

Por su parte, la Observación General Número 12 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

De igual manera, en el plano interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» vigente desde 1999, y del cual el Perú es Estado Parte, reconoce el derecho a una nutrición adecuada y la obligación del Estado de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos.

Las disposiciones anteriores se recogen en las políticas nacionales de los Estados dentro una categoría de especial importancia referida a la denominada seguridad alimentaria que, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se evidencia “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa” (http://www.fao.org/). Todo lo anterior, presupone la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad del suministro de los alimentos.

Siendo, entonces, uno de los compromisos primarios del Estado en materia de alimentación el establecer mecanismos para la producción, distribución y acceso de alimentos, de manera adecuada, ¿qué estrategias presenta el Estado peruano para hacer frente al problema de la seguridad alimentaria en tiempos de crisis sanitaria e impacto económico negativo?

Son diversos los planteamientos que, a nivel del Estado, han implementado los compromisos internacionales arriba descritos, como el Acuerdo Nacional (2002), la Carta de Política Social, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), las Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (DS Nº 002-2003-PCM), la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, etc. Además, en estos planteamientos, ha habido una participación multisectorial a través de diversos Ministerios y demás órganos públicos. Sin embargo, el panorama alimentario actual no nos permite proyectar un escenario adecuado para lograr los objetivos planteados como, por ejemplo, la reducción del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del 0,23 en el 2012 al 0,18 en el 2021.

Si bien el foco de atención por parte del gobierno está centrado en asegurar una reactivación económica que mantenga un equilibrio fiscal relativo, es importante que dicha reactivación también esté dirigida a fortalecer la organización de los productores agrícolas con prioridad en la pequeña agricultura familiar que es la que provee de alimentos a las grandes ciudades. Este fortalecimiento podría producirse a través de financiamientos o créditos mejor planificados, ampliar la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura (de alimentos de consumo directo), invertir en investigación y desarrollo agrícola (principalmente de tipo orgánico), en infraestructura vial que permita una mejor conexión entre las zonas rurales de producción y las de comercialización y consumo; y, evidentemente, mejorar y corregir el uso del agua, ya que sin agua salubre no podemos mantener los estándares mínimos de prevención de pandemias y mucho menos de alimentación adecuada.

Una de las preocupaciones actuales es la pretendida expedición del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) para el Sector Agrario. Es de vital importancia anotar que este Reglamento contraviene claramente la Ley N° 29811, Ley de Moratoria sobre uso de OVM en el sector agrario. Con su expedición, podría afectarse muy seriamente la diversidad originaria y de calidad de los productos agrícolas del Perú.

En términos generales, hoy en el mundo sobran alimentos frente a una baja en la demanda; se observa un aumento en las políticas proteccionistas respecto de los alimentos de exportación con cuotas hacia la venta internacional; las cadenas de suministros (operadores y tiempo) empiezan a decaer. Por todo ello, el Perú debe afianzar el aseguramiento de la continuidad de la producción agrícola para los próximos años, ya que de lo contrario podría enfrentar escasez en su mega diversidad alimentaria. Este es, pues, un reto para el nuevo gobierno (ejecutivo y legislativo) que tendremos que elegir en el contexto de la “celebración” por el bicentenario de nuestra independencia.

*El IPPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.

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